14 Sep Se profundiza la grieta entre la Corte Suprema y el gobierno en Israel
La presidenta de la Corte argumentó en contra de eliminar la cláusula de razonabilidad y citó para apoyarse los ejemplos de Inglaterra y Australia. Para el representante del gobierno, se debe respetar la votación popular.
La presidenta de la Corte Suprema israelí, Esther Hayut, argumentó que revocar la cláusula de razonabilidad va en contra de la tendencia global. En una audiencia histórica, la Hayut agregó: «Aquí, nos estamos moviendo hacia una tendencia a cancelarlo», dice, citando a Inglaterra y Australia como ejemplos de países que han utilizado cada vez más la doctrina. El abogado de la Knesset, Yitzhak Bart, respondió: «Tuvimos un gran cambio hace 40 años y desde entonces el péndulo ha estado oscilando».
Durante la audiencia, el representante del gobierno cuestionó la influencia de la Declaración de Independencia de Israel en el proceso legislativo y su estatus legal. «La Declaración de Independencia es un texto fundacional. El gobierno lo ve en alta estima, pero ¿alguna vez limitaría al soberano?», se preguntó el abogado Ilan Bombach. El juez Anat Baron lo instó a «mostrar cierto respeto por este documento» (en referencia a la Declaración de Independencia).
El Tribunal Supremo de Israel. (Yonatan Sindel)
El juez Alex Stein declaró que la Declaración de Independencia era esencial para sentar las bases de las Leyes Básicas de Israel.
El abogado Bombach respondió: «Las 37 personas que lo firmaron no fueron elegidas y no representaban a la sociedad israelí en ese momento. Es inaceptable», a lo que Stein respondió: «A veces hay una ventaja en ser el primero; establecen la constitución. Lo mismo ocurre con los Estados Unidos. Los padres fundadores tenían poca idea de lo que sucedería en 200 años».
La Corte Suprema convocó a una sesión completa sin precedentes de 15 jueces el martes por la mañana para examinar la legalidad de la cancelación de la cláusula de razonabilidad, que restringe la supervisión judicial sobre las decisiones del gobierno.
La fiscal general Gali Baharav-Miara se negó a representar al gobierno en la defensa de la ley contenciosa, argumentando que éste es un «caso excepcional entre casos excepcionales» en el que la Corte Suprema debería intervenir en las Leyes Básicas, el marco semiconstitucional de Israel. Por otro lado, el gobierno, representado por un abogado privado, solicitará que se retire la demanda de los peticionarios de anular la enmienda legislativa, advirtiendo que tal paso «podría conducir a la anarquía».
La Fiscal General, Gali Baharav-Miara.
(Reuters)
Algunos ministros del gobierno han amenazado a jueces de la Corte Suprema y altos funcionarios de la ley en el período previo a la histórica audiencia. Otros miembros de la coalición han ido un paso más allá y han anunciado que la Knesset no respetará el fallo del tribunal, pase lo que pase.
El ministro de Justicia, Yariv Levin, un halcón de la reforma y uno de los arquitectos de la legislación, se negó previamente a comprometerse a respetar el fallo del tribunal. El martes, argumentó en una publicación en las redes sociales que el hecho mismo de que la audiencia se lleve a cabo es un «duro golpe a la democracia».
«La audiencia que tiene lugar hoy en la Corte Suprema, totalmente sin autoridad, es un duro golpe para la democracia y para el estatus de la Knesset. Los presidentes de la Corte Suprema y los jueces de todas las generaciones han estado de acuerdo: el pueblo es el soberano y su voluntad se expresa en las Leyes Básicas promulgadas por la Knesset», añadió.
Fuente: Ynet Español
