04 Ago La crisis democrática de Israel: ¿Persuadirán estos argumentos a la Corte Suprema de Israel para que anule el inicio del golpe judicial de Netanyahu?
El ministro de Justicia, Yariv Levin, a la izquierda, el primer ministro Benjamin Netanyahu y la presidenta de la Corte Suprema, Esther Hayut.
El 12 de septiembre, el máximo tribunal de Israel escuchará al menos siete peticiones que piden la descalificación de una nueva ley que otorga al gobierno de Netanyahu inmunidad legal frente a decisiones «extremadamente irrazonables». Estos son los principales argumentos jurídicos que esperan resulten decisivos en una batalla clave para la democracia israelí
POR: Allison Kaplan Sommer
En una dramática votación en la Knesset la semana pasada, se modificó la Ley Básica sobre Poder Judicial de Israel. El cambio suprime lo que se conoce como criterio de razonabilidad, eliminando la capacidad de la Corte Suprema de Israel para anular actos administrativos del Estado -en particular, los nombramientos políticos- por ser «extremadamente irrazonables».
Decenas de miles de manifestantes rodearon la Knesset mientras se celebraba la votación el 24 de julio, y el proyecto de ley fue aprobado por 64-0 mientras los legisladores de la oposición abandonaban ceremoniosamente la sala al grito de «¡Vergüenza!». Se negaron a votar la medida que inclina la balanza de poderes en unas leyes que representan lo más parecido que tiene Israel a una constitución.
La enmienda fue el disparo de salida del plan global del gobierno de Netanyahu, encabezado por el ministro de Justicia, Yariv Levin, para debilitar el poder judicial de Israel en favor de sus dirigentes políticos. Según los opositores, la reforma dañará gravemente la capacidad de Israel para considerarse una democracia liberal.
A lo largo de la semana siguiente, varios grupos diferentes presentaron peticiones para impugnar la legislación ante el Tribunal Superior de Justicia (nombre oficial de la Corte Suprema cuando se reúne para examinar peticiones que no son apelaciones de causas judiciales).
La vista, fijada ahora para el 12 de septiembre, no tendrá precedentes, ya que el tribunal estará compuesto por 15 magistrados, es decir, la Corte Suprema al completo (normalmente los tribunales están compuestos por entre tres y 11 magistrados). La corte al completo ya había sido convocado en una ocasión, pero entonces sólo estaba compuesta por nueve jueces.
La decisión de incluir a toda la corte refleja la importancia -y la dificultad jurídica y política- del hecho de que el poder judicial decidirá esencialmente si limita o no su propia autoridad.
Manifestantes ondean una gran bandera israelí durante una protesta contra la primera ley del gobierno de Netanyahu que pretende revisar el sistema judicial, ante la Knesset el mes pasado.
¿Quiénes son los demandantes?
Hasta ahora se han presentado al menos siete peticiones para impugnar la ley de razonabilidad y se están preparando otras. Las más destacadas son las de la Asociación de Abogados de Israel, el Movimiento por un Israel Democrático y el Movimiento por un Gobierno de Calidad. La Asociación para los Derechos Civiles en Israel está preparando otra. Otras peticiones han sido presentadas por grupos de ciudadanos individuales: uno de estos grupos incluye a los ex legisladores laboristas Stav Shaffir y Tal Rousso.
Una petición fue presentada por un oficial militar cuya identidad permanece clasificada para proteger su seguridad y no se centra en argumentos jurídicos sino en cuestiones de seguridad. Esta petición plantea la preocupación por la exposición de los miembros del estamento de seguridad a ser juzgados por la Corte Penal Internacional de La Haya y en países extranjeros. En la actualidad, el sólido sistema judicial de Israel ha protegido a los oficiales militares de los procesos internacionales. Preocupa profundamente que, si se despoja a los tribunales de su poder, tales procesamientos sigan adelante.
La petición también argumenta que hubo fallos en el proceso legislativo previo a la aprobación de la ley, después de que altos funcionarios, incluido el primer ministro Benjamin Netanyahu, evitaran deliberadamente ser informados por altos mandos de las Fuerzas de Defensa de Israel para saber cómo podría dañar la seguridad del Estado, y la reiterada negativa a convocar a la Comisión de Relaciones Exteriores y Defensa de la Knesset. La petición afirma que la Knesset votó la ley sin disponer de información relevante sobre las implicaciones para la seguridad.
Yesh Atid presentó otra petición el miércoles, después de que el líder del partido de la oposición, Yair Lapid, se comprometiera a hacerlo la semana pasada.
¿Qué contiene la ley que impugnan?
La ley de razonabilidad dicta que los tribunales no podrán invalidar por estos motivos ninguna decisión tomada por cargos electos -gobierno, primer ministro, alcalde, ministro o legisladores-, incluidas las decisiones sobre nombramientos y ceses. La abolición de esta norma reduce significativamente el control judicial del gobierno y sus funcionarios, y dificulta la intervención de los jueces de la Corte Suprema cuando los cargos electos toman decisiones arbitrarias, extremas o corruptas.
Técnicamente, la ley es una enmienda a la Ley Fundamental sobre el Poder Judicial de 1984. Añade un párrafo a la Ley Básica que dice: «A pesar de lo establecido en esta Ley Fundamental, quienes ostenten el poder judicial por ley, incluida la Corte Suprema actuando como Tribunal Superior de Justicia, no conocerán [de un caso] ni emitirán una orden contra el Gobierno, el Primer Ministro o un ministro del Gobierno, sobre la razonabilidad de su decisión; en este apartado, ‘decisión’ significa cualquier decisión, incluso sobre nombramientos, o una decisión de abstenerse de ejercer la autoridad.»
¿Cuáles son los argumentos más sólidos y citados en las peticiones que impugnan la ley?
Todas las peticiones destacan tres argumentos que cuestionan la legitimidad de la nueva ley. Los expertos jurídicos afirman que los tres puntos se consideran los mejores argumentos jurídicos contra la ley porque han sido utilizados y citados por los tribunales israelíes en el pasado, y son argumentos habituales para impugnar cambios en las constituciones de otros países. Son los siguientes:
– Desviación de poder constitucional
Este argumento se basa en el supuesto de que las enmiendas a las Leyes Fundamentales deben abordar cuestiones jurídicas amplias, como la estructura del gobierno, la protección de los derechos humanos y la separación de poderes entre autoridades. Se supone que las enmiendas se basan en principios y representan cambios permanentes, no retoques temporales para resolver una cuestión específica a la que se enfrenta un gobierno concreto.
La Fiscal General, Gali Baharav-Miara, en un acto de la Asociación Israelí de Derecho Público a principios de año.
Si la Knesset ejerce indebidamente su autoridad inherente y promulga leyes que se consideran «personales» o «retroactivas», el poder judicial está autorizado a intervenir a través de lo que se conoce como la doctrina del uso indebido de los poderes constitucionales.
El supuesto subyacente en este argumento es que la coalición gobernante intenta cambiar las Leyes Fundamentales para lograr objetivos específicos que favorezcan sus intereses. En el caso del gobierno de Netanyahu, uno de esos objetivos sería despedir a la fiscal general Gali Baharav-Miara -una espina clavada en su costado en repetidas ocasiones- y sustituirla por un jurista más dócil sin que los tribunales anulen esa decisión. Podría considerarse que la sustitución de Baharav-Miara sirve directamente a los intereses de Netanyahu, dado que actualmente está acusado en un proceso penal.
Otro objetivo de la coalición al que sirve la ley sería permitirle mantener la decisión del ministro de Justicia Levin de suspender indefinidamente la convocatoria de la Comisión de Nombramientos Judiciales hasta que se modifique su composición a su gusto (está intentando conseguirlo mediante otra ley de la revisión judicial). Sin el cambio de ley, el tribunal podría declarar «irrazonable» tal medida y obligarle a hacerlo.
Se cree que la frase de la ley que hace referencia a «una decisión de abstenerse de ejercer la autoridad» se refiere directamente al caso de negarse a convocar la comisión de nombramientos.
Este argumento se utilizó con éxito en mayo de 2021, cuando el Tribunal Superior dictaminó 6-3 que la Knesset había «abusado» de su poder para cambiar las Leyes Básicas con el fin de resolver un problema político por necesidades estrechas de la coalición cuando Netanyahu intentó, por razones políticas, cambiar un acuerdo presupuestario que había sido la base para la formación de su gobierno. La sentencia decía que la Knesset había «eludido» un acuerdo constitucional permanente y «abusado de su autoridad constituyente para cambiar las Leyes Fundamentales».
– Enmienda constitucional inconstitucional´
Esta frase bastante confusa significa simplemente que el intento de la Knesset de cambiar una Ley Fundamental es, en sí mismo, inconstitucional.
Varias peticiones contra la ley argumentan que la eliminación del criterio de razonabilidad perjudica gravemente la separación de poderes entre el poder judicial y los gobernantes elegidos. Esto significa que la ley pone en peligro el carácter democrático de Israel. Este argumento se esgrime contra la ley de razonabilidad, pero es probable que también aparezca en las impugnaciones de todas las partes de la reforma judicial en caso de que sean aprobadas por la Knesset.
Esta es la impugnación más directa de la ley y, en opinión del Dr. Amir Fuchs, del Instituto para la Democracia de Israel, «representa el argumento más sólido: que la ley va en contra de los valores fundamentales de Israel como Estado judío y democrático».
Fuchs cree que «existe la probabilidad de que el tribunal dictamine que se trata de una enmienda constitucional inconstitucional».
Señala tres elementos de la violación de los «valores fundamentales» por parte de la ley: la adecuada separación de poderes, el Estado de derecho y unas elecciones libres y justas.
La ley perjudica claramente la separación de poderes al eliminar una facultad clave del poder judicial.
En cuanto al Estado de Derecho, Fuchs señala que la presidenta de la Corte Suprema, Esther Hayut, ha declarado explícitamente que lo razonable es crucial a la hora de mantener el Estado de Derecho en el Gobierno. «Si asumimos que el criterio de lo razonable es lo que protege al fiscal general de ser despedido, no cabe duda de que la capacidad del Gobierno para despedir al fiscal jefe y al principal asesor jurídico es un golpe al Estado de Derecho», afirma.
La presidenta de la Corte Suprema, Esther Hayut, en Jerusalem el mes pasado.
Es menos obvio cómo se relaciona la razonabilidad con unas elecciones libres y justas, pero Fuchs señala que todas las normas de Israel relativas a los poderes de los gobiernos provisionales entre las elecciones y la toma de posesión de los nuevos gobiernos «proceden de los tribunales que utilizan el criterio de razonabilidad. Por tanto, si se pierde el criterio de razonabilidad, se pierden unas elecciones libres y justas».
– Proceso legislativo defectuoso
Varias peticiones que impugnan la ley de razonabilidad sostienen que es ilegítima y debe ser anulada debido a la violación de los procedimientos adecuados que condujeron a su aprobación.
La legislación en la Knesset se origina y se presenta de tres formas: proyectos de ley del gobierno, proyectos de ley de comisiones y proyectos de ley de miembros privados.
Simcha Rothman, presidente de la Comisión de Constitución, Derecho y Justicia de la Knesset.
El proyecto de ley de razonabilidad fue patrocinado por la Comisión de Constitución, Derecho y Justicia de la Knesset, encabezada por el legislador de Sionismo Religioso Simcha Rothman. Rothman es un ferviente defensor de la reforma judicial, que ayudó a diseñar tras pasar gran parte de su carrera ejerciendo presión en favor de tales cambios. Rothman ha sido acusado durante las deliberaciones del comité sobre la ley razonable -junto con otras leyes de reforma- de intimidar a los expertos y a los miembros de la oposición, y de apresurar la aprobación de las leyes sin la debida consideración y el debate que normalmente se concede a una legislación tan importante.
El argumento técnico más sólido respecto a los defectos del procedimiento es que Rothman utilizó su presidencia para iniciar el proyecto de ley a través de la comisión. Se trata de una vía legislativa poco habitual en Israel, que elude los requisitos de un proyecto de ley iniciado por el gobierno.
De hecho, el proyecto de ley era «esencialmente un proyecto privado de Rothman y no debería haberse originado en la comisión en primer lugar», explica la Dra. Meital Pinto, profesora titular del Colegio Académico de Zfat y del Colegio Académico de Ono. «Pero Rothman comprendió que un proyecto de ley privado -a diferencia de un proyecto de ley patrocinado por un comité- requiere mucho más tiempo para ser aprobado, así que aprovechó su posición como jefe del comité constitucional en la Knesset y lo aprobó rápidamente de esa manera.»
Traducción: Comunidad Judía de Guayaquil
Fuente: Haaretz
